La verdadera historia de la Acción de responsabilidad contra la junta de Laporta.

Por @marsallorente. Hoy se inicia el juicio pero empecemos por el principio. En la campaña electoral del 2003, la candidatura de Joan Laporta ganó las elecciones prometiendo al socio que se exigirían las responsabilidades que correspondieran a la Junta saliente de Joan Gaspart por las pérdidas económicas generadas en su mandato. Aquella promesa electoral de Laporta se repitió como un martillo pilón utilizando la expresión “levantaremos las alfombras”.

Una vez ganadas las elecciones, Laporta hizo todo lo contrario a lo prometido. Firmó con Gaspart un pacto verbal de no agresión. Laporta aprovecharía los 8 días que faltaban para el 30 de junio para amortizar jugadores que se consideraban inválidos para el nuevo proyecto deportivo generando las consiguientes pérdidas económicas que se atribuirían al mandato de Gaspart. Laporta acababa de llenar el container de Gaspart y Gaspart callaría a cambio de que no le hicieran responder por las pérdidas económicas que generó, es decir, a cambio de que no le “levantaran las alfombras”.
La estrategia fue creada por el vicepresidente económico, Ferran Soriano, con la justificación que de esta forma la junta entrante presidida por Laporta empezaba su mandato de cero y además se beneficiaría también del crédito fiscal de manera que se compensaría las pérdidas del anterior mandato pagando menos impuestos en los próximos años. Una estrategia “made in Esade” equivocada puesto que jurídicamente y con los Estatutos en la mano, esos 8 días antes del 30 de junio de 2003 contaban como el primer año de mandato de la nueva junta y todas las decisiones tomadas en esos 8 días eran ya responsabilidad de la nueva junta como así lo han dictaminado los tribunales de justicia en sentencia firme.
Fue un engaño total al socio, parecido al de los políticos que se tapan sus trapicheos los unos a los otros. Una estafa que se le ha girado en contra a Joan Laporta que creyó, equivocadamente, que si él no exigía responsabilidades al presidente saliente, tampoco se las exigirían a él.

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Después de ganar las elecciones de 2010, la directiva de Sandro Rosell tenía muy claro que, a pesar de los numerosos éxitos deportivos conseguidos por la junta de Laporta, debía plantear si correspondía exigir responsabilidades a la anterior junta por las pérdidas de 47,6 Millones acumuladas durante todo el mandato de Laporta. Los asesores jurídicos de Rosell le advirtieron que si cerraba los ojos, como hizo Laporta con Gaspart, corría el riego de ser corresponsable de esas pérdidas en caso de que así lo exigiese cualquier socio ante la justicia ordinaria.

La acción de responsabilidad que se presentó ante los socios en la Asamblea de compromisarios el 16 de octubre de 2010 no debe tomarse como una “venganza” de la junta de Rosell contra la de Laporta sino como el cumplimiento de la obligación que recoge la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre.

Disposición adicional Séptima:
4. Los miembros de las Juntas Directivas de estos Clubes responderán mancomunadamente de los resultados económicos negativos que se generen durante el período de su gestión. Tales resultados serán ajustados teniendo en cuenta las salvedades de las auditorías. El ejercicio económico comenzará el 1 de julio de cada año y terminará el 30 de junio siguiente. Antes de comenzar cada ejercicio, la Junta Directiva deberá depositar, a favor del Club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y que alcance el quince por ciento del presupuesto de gasto.

El aval será ejecutable por la Liga Profesional y exigible anualmente durante todo el período de su gestión. La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada:

Por el Club, mediante acuerdo de su Asamblea, obtenido por mayoría simple de los asistentes.

Si la directiva de Rosell obviaba su obligación legal de someter la Acción de Responsabilidad podría ser considerada responsable subsidiaria de esas pérdidas generadas en el mandato de Laporta.
En 2003 Laporta pactó con Gaspart “no levantar las alfombras” engañando al socio. Rosell, en cambio, optó por que fueran los socios compromisarios los que decidieran si correspondía exigir responsabilidades a la junta de Laporta por las cuentas negativas dejadas.
El resultado de la votación de los compromisarios presentes en aquella Asamblea de octubre de 2010 fue de 468 a favor de la imputación, 439 en contra y 113 se abstuvieron.
Esa mayoría simple se convertía inmediatamente en un mandato a la junta de Rosell que le obligada a presentar una demanda de responsabilidad ante los tribunales ordinarios dando cumplimiento a la voluntad soberana de la Asamblea.
El mandato de Laporta (suma de los 7 años y 8 días) arrojó esos 47,6 Millones de pérdidas en gran medida por el déficit de esos primeros 8 días antes del 30 de junio del 2003 y por los 79,6 Millones en rojo del último ejercicio del mandato.
Se ha repetido hasta la saciedad que en el último ejercicio 2009/2010 Sala y Martín dejó unas cuentas de 11,1 millones de beneficio y que la junta de Rosell las “manipuló” para convertirlas en los 79,6 Millones negativos con los que se cerró el último ejercicio. Eso es rotundamente falso.
Sala y Martín formuló unas cuentas sin auditar y con unos criterios partidistas y contrarios a lo que dicta el Plan General contable.

La Ley del Deporte obliga a que las cuentas de los clubes se formulen recogiendo las salvedades de los auditores. Y eso es lo que pasó. Los auditores del club, que eran los mismos que designó Laporta en 2003 y que venían auditando las cuentas del Barça los últimos 10 años, presentaron a la junta de Rosell su informe, según el cuál las cuentas formuladas por Sala y Martín no reflejaban la realidad económica del último ejercicio ya que presentaban 4 excepciones y 3 salvedades.

Según lo que dispone la Ley del Deporte mencionada y la normativa contable, esas 7 inexactitudes debían provisionarse, y es por ello que las cuentas erróneas que dejó Sala y Martín debieron reformularse de conformidad con la normativa contable y los criterios que validó el auditor. La junta de Rosell no tenía otra opció.

Otro debate que ha suscitado mucha polémica es si los demandados deben ser los directivos que formaron parte de la junta de Laporta en algún momento como el propio Rosell, Bartomeu, Moix, o Faus que son directivos en la actualidad o solo deben responder los directivos que terminaron el mandato con Laporta. El juez ya resolvió esa “litisconsorcio pasiva necesaria” en la vista previa y determinó que solo deben ser demandados los que terminaron el mandato en 2010. Eso es Laporta y Magda Oranich, Patric Auset, Ignasi Macià, Rafael Yuste, Jordi Cubells, Elena Fort, Jacint Borràs, Josep Antoni Colomer, Albert Perrin, Joan Boix, Jordi Torrent, Jaume Ferrer, Xavier Sala i Martin, Alfons Castro, Alfons Godall i Xavier Bagués.
Aunque la ley les señale como responsables, la gran mayoría se enteraban de poco puesto que los asuntos más importantes no pasaban por las reuniones de junta. Les toca demostrar ante el juez su falta de responsabilidad para evitar afrontar una condena que les obligue a pagar 2,8 millones que resultan de dividir mancomunadamente esos 47,6 millones de pérdida.

En este caso el expresidente Sandro Rosell; el actual presidente Josep Maria Bartomeu; el responsable del nuevo Camp Nou Jordi Moix; el negociador con Qatar, Javier Faus; el director general del Manchester City Ferran Soriano; el excandidato a la presidencia del club Marc Ingla; el cuñado de Laporta Alejandro Echevarría; el hijo del ex Secretari General de l’Esport Josep Lluís Vilaseca y otros directivos como Jordi Moix, Xavier Cambra, Albert Vicens, Toni Rovira, Clàudia Vives Fierro, Joan Franquesa o Evarist Murtra vieron lo que se les podía venir encima y supieron abandonar a tiempo el barco.

Los unos creen que se está cometiendo una injusticia, los otros que quién malgasta debe responder por ello. Dejemos que sea el juez el que fije las bases y los criterios que deben aplicarse para determinar la responsabilidad de las juntas directivas en relación a los resultados económicos de su gestión.

En todo caso, la vocación de la legislación vigente es la de proteger el Patrimonio del Club obligando a los directivos de los clubes a responder con su aval económico las pérdidas económicas que genere su gestión con el objetivo de preservar los intereses de los socios que son copropietarios del club a partes iguales, a diferencia de lo que sucede en la Sociedades Anónimas deportivas.

Abogados de los exdirectivos y de los actuales han estado negociando una hipotética retirada de la demanda. Los ex directivos están enojados con Laporta y Sala y Martín porque cuando el acuerdo parecía próximo se descolgaron exigiendo a la directiva de Bartomeu, además de la retirada de la demanda, un reconocimiento público del error en la presentación de la demanda, unas disculpas en forma de declaración institucional y la retirada de la querella que está cursada contra Joan Oliver, el que fuera Director General del club los 2 últimos años de Laporta, por la que debe responder penalmente de la presunta comisión de un delito de administración fraudulenta y descubrimiento y revelación de secretos en relación a los espionajes a directivos y empleados.

Un pacto para que la junta de Bartomeu retirara unilateralmente la demanda hubiera sido un fraude a los derechos y garantías de los socios. ¿A caso querían hacer como los políticos que se tapan los unos a los otros?. ¿Quiénes son ellos para decidir hacer lo contrario a lo que mandó la asamblea?. No se entiende. Si el pacto Laporta-Gaspart fue un engaño al socio, ¿por qué debía repetirse un acuerdo para dejar las alfombras sin levantar?. Que sea un juez quien depure responsabilidades.
Ser directivo del Barça es un honor y un privilegio pero también una responsabilidad. Lo mismo vale para Rosell. Si cometió alguna irregularidad en el fichaje de Neymar que lo dictamine un juez y responda por ello.
Basta ya de pactos para evadir responsabilidades.

 

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